El primer caso registrado como desaparición forzada en Colombia y reconocido como modalidad represiva para eliminar opositores políticos al régimen, se remonta al 9 de septiembre de 1977, con la detención desaparición de Omaira Montoya Henao, bacterióloga de 30 años, con tres meses de embarazo y militante de izquierda.

Los familiares de las víctimas, con el dolor, la angustia e incertidumbre de no saber lo que estaba sucediendo con sus seres queridos, Detenidos – Desaparecidos y ante los interrogantes de ¿Quién se los había llevado? Por qué se los habían llevado? Pero sobre todo ¿Dónde estaban?Acudieron a las autoridades gubernamentales con la esperanza de obtener respuestas y con la confianza del regreso inmediato a casa de sus seres queridos. Y por el contrario fueron atendidos con frases ofensivas y sarcásticas, que no solo ponían en duda la ocurrencia de los hechos, sino que además, afectaban la dignidad y el buen nombre de los desaparecidos, asumiendo una total negación de la ocurrencia de esta práctica represiva en Colombia.

Ante la situación de insensibilidad, de no respuesta y de negación, los familiares de los detenidos- desaparecidos deciden aunar esfuerzos en la búsqueda, organizándose como Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos ASFADDES y el 4 febrero de 1983, salieron por primera vez a la calle armadas y armados, con las fotos y los nombres de sus seres queridos escritos en pancartas, con el dolor ahogado en la garganta y sus voces exigiendo su aparición con vida, y el juicio y castigo a los culpables, apoyados por un grupo de estudiantes afectados y dolidos también por la ausencia de sus compañeros de aulas.

Ante la falta de voluntad política del Estado colombiano, para buscar, investigar y castigar a los responsables y ante la ausencia de herramientas judiciales que reconocieran la desaparición forzada como delito, Asfaddes, asumió el reto de lograr su tipificación, iniciando un camino de insistencia y persistencia por lograrlo.

Presionando mediante ayunos, marchas, plantones e interlocución con los congresistas de los diferentes periodos gubernamentales, la tipificación de la desaparición forzada como delito. Labor difícil por la indiferencia de la clase política ante la tragedia vivida por los familiares de los desaparecidos que cada día aumentaban y la alarmante impunidad en los casos sucedidos y después de doce largos años, finalmente el 10 de julio de 2000 se aprueba la ley 589.

No se puede pasar por alto que la Lucha, Resistencia y Persistencia de los familiares, por lograr Verdad, Justica y Memoria durante más de 25 años, ha sido objeto de señalamientos, hostigamientos, persecuciónes y amenazas, queriendo acallarlos y en sus afán por destruirla los enemigos de la vida, la libertad y la justicia, han desaparecido, a quienes se organizan para denunciar y exigir la aparición con vida de sus seres queridos y la sanción a los responsables como lo sucedido a miembros de Asfaddes ANGEL JOSE QUINTERO y CLAUDIA PATRICIA MONSALVE, detenidos – desaparecidos el 6 de octubre de 2000 en la ciudad de Medellín y a personas que han compañado y apoyado esta lucha como los abogados Alirio de Jesús Pedraza Becerra desaparecido el 4 de julio de 1990 en Bogotá y Eduardo Umaña Mendoza, asesinado el 18 de abril en Bogotá.